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Chile: Inaceptable censura de Carabineros contra El Ciudadano


Chile | DD.HH
Publicada:2017-05-15
Por Agencias

La Corte de Apelaciones de Santiago, Chile, declaró admisible un recurso de protección contra Carabineros de Chile y su general director, Bruno Villalobos Krumm, presentado por Matías Rojas Medina, trabajador de El Ciudadano, quien fuera expulsado a la fuerza de un punto de prensa convocado por la institución el pasado viernes 28 de abril.



Jefe policial vulnera libertad de expresión
La Corte de Apelaciones de Santiago, Chile, declaró admisible un recurso de protección contra Carabineros de Chile y su general director, Bruno Villalobos Krumm, presentado por Matías Rojas Medina, trabajador de El Ciudadano, quien fuera expulsado a la fuerza de un punto de prensa convocado por la institución el pasado viernes 28 de abril.

“Se me censuró de forma previa a escribir o publicar notas periodísticas sobre la actividad; se me discriminó frente al resto de los representantes de medios de comunicación allí presentes, luego de cumplir con todas las formalidades de ingreso… siempre con una actitud de transparencia en mi labor y de cordialidad y respeto por cada uno de los funcionarios que me atendieron; se me agredió sin mediar provocación, y por el solo hecho de exigir una explicación que fundamentara mi expulsión; se me mintió con que vendría el director de la Escuela, coronel Mauricio González Marín; se me hizo esperar por más de una hora a que alguien llegara a darme una explicación; se me ocultó la identidad del capitán Óscar Llantén, y, finalmente en la 19º Comisaría de Carabineros de Providencia, se desestimó arbitrariamente la denuncia presenté por los hechos en comento”, denuncia.


ANTECEDENTES DE CORRUPCIÓN PREVIOS AL “PACOGATE”
Matías Rojas indicó a los ministros que su labor en El Ciudadano, “ya sea en la forma de notas periodísticas o reportajes de investigación, se caracteriza por informar detalles de causas judiciales y procesos administrativos abiertos por supuestos hechos de corrupción e irregularidades que involucran a funcionarios de Carabineros de Chile, temas incómodos para ciertos altos oficiales de la institución”.

A modo de ejemplo, menciona:
A) Caso por la desaparición y muerte de Jorge Matute Johns: Que a fines de 2014, a petición de la ministra en visita de la Corte de Apelaciones de Concepción, Carola Rivas, aportó antecedentes relacionados con sospechas que vinculaban a efectivos policiales con una red de tráfico de drogas presuntamente involucrada en el deceso del universitario de la Región del Biobío. Tanto en su declaración judicial, como en un reportaje de su autoría, titulado “Caso Matute: Los secretos del edecán de Bachelet” (Edición Nº 162 del diario El Ciudadano, marzo de 2015), mencionó antecedentes contenidos en la causa rol 21.600 del ex Primer Juzgado del Crimen de Talcahuano, entre otros, que señalaban al oficial de Carabineros, Rafael Rojas Agurto, hoy general de la Dirección de Educación y Doctrina de la institución, como supuesto protector de un traficante de drogas.

B) Fraude en licitaciones de cuarteles de Carabineros: Los hechos fueron dados a conocer por primera vez a la opinión pública a través de una publicación anónima efectuada en El Ciudadano, antes de su llegada al medio, en el año 2014, que actualmente son materia de una investigación penal en la causa RUC 14100006643-3, RIT 2178-2014, 8º Juzgado de Garantía de Santiago. En marzo de 2016, Rojas informó sobre el reproche administrativo formulado por la Contraloría General de la República al oficial Félix Flores Santis, hoy en retiro, quien llegó al cargo de general y declaró en la causa como imputado.

C) Cuestionada compra de un helicóptero de la institución: Que en noviembre de 2016, a través del diario El Ciudadano, informó sobre el paso a retiro del ex jefe de la Prefectura Aeropolicial de Carabineros, coronel Enzo Coppa Astorga, indagado en la causa RUC 1500056534-K, RIT 12512-2015, 7º Juzgado de Garantía de Santiago, por supuestos delitos de cohecho, negociación incompatible, tráfico de influencias, entre otros, luego de una querella presentada por otro oficial, quien denunció la supuesta cercanía de Coppa con el general Bruno Villalobos.

D) Abuso laboral contra funcionarios de Carabineros de la Región de Aysén: A raíz de una serie de publicaciones realizadas en El Ciudadano durante los meses de agosto y septiembre de 2016, el general Nabih Soza, de la Inspectoría General, solicitó intervenir la XI Zona de Carabineros Aysén, tomando declaración a un cabo que se accidentó mientras limpiaba la casa fiscal de uso particular del entonces jefe de Zona, general Gerardo Concha Ortega. Luego del sumario (ordenado por Documento Electrónico Ordinario NCU 52681881, de fecha 30 de septiembre de 2016, de la Subdirección General), Concha se acogió a retiro voluntario. En paralelo, Rojas informó sobre diversas causas radicadas en la Justicia Militar por falsificación de instrumento público y otros delitos militares ocurridos en la región austral.

E) Presuntas irregularidades en la adquisición de vehículos Mahindra: Que en enero de 2017, a través del diario El Ciudadano, informó acerca de un recurso presentado por el general director de Carabineros, Bruno Villalobos, para bloquear la publicidad de un sumario administrativo que indagó la denuncia presentada por un ex jefe del GOPE de La Araucanía, sobre un posible tráfico de influencias en la compra de carros blindados por un total de 3.5 millones de dólares, bajo la gestión del general Jorge Rojas Langer, hoy en retiro. El denunciante afirmó que el hoy director nacional de Orden y Seguridad, general Víctor Herrera Pintor, omitió observar las deficiencias de los carros adquiridos por la institución.

Asimismo, Rojas agregó que el general director Bruno Villalobos, “a raíz de múltiples solicitudes mías por Ley de Transparencia que atañen a su patrimonio y la vinculación laboral de su hijo con el Hospital de Carabineros, interpuso una denuncia calumniosa en mi contra, en el Ministerio Público, en mayo de 2016, inventando que yo lo amenacé con ‘publicar un reportaje’ si no accedía a llamar a retiro al general mencionado en el precedente literal A), en el contexto de una conversación privada que tomó lugar siete meses antes, en septiembre de 2015, al interior del Casino de Oficiales, donde fui invitado por el mismo Departamento de Comunicaciones Sociales del capitán Óscar Llantén“.

“Por absurda que parezca la acusación del general, correspondió que esta fuera investigada por el fiscal Marcelo Cabrera de la Fiscalía Centro Norte, en causa RUC 1600377915-0, RIT 9254-2016, 7º Juzgado de Garantía de Santiago, expediente que fue cerrado el 31 de marzo de 2017 bajo decisión de no perseverar en la investigación, por no existir antecedentes que acrediten los hechos denunciados por el general Villalobos. Es más, en la querella que presentó por el mismo caso a través de un abogado de la institución, el director de Carabineros inventó que yo había sido sancionado por el Colegio de Periodistas, en circunstancias de que el propio órgano colegiado informó al tribunal que eso era mentira”, dice.

Argumenta a continuación que “antes hacer público cualquier antecedente relacionado con el hijo del señor Villalobos, quien goza de permiso para ausentarse de sus labores en el Hospital de Carabineros, elevé consulta sobre la materia a la Contraloría General de la República, ente que se encuentra analizando mi presentación desde julio del año 2016 (Referencia Nº 208771)”.

Para el cierre de esta segunda causa por “amenazas” habrá audiencia el próximo 16 de mayo. En ella asumirá como defensor de Rojas el abogado Marcos Herrera Chirino, quien se plegará a la solicitud del Ministerio Público de no perseverar en la investigación.

DESDÉN POR LA TRANSPARENCIA
En el otro acápite del recurso, el investigador de El Ciudadano también evoca los múltiples reclamos de ilegalidad presentados por el director Bruno Villalobos que han tenido por objeto anular decisiones del Consejo para la Transparencia (CPLT), entidad que ha ordenado la entrega de diversa información en poder la institución. Los casos que destaca son:

A) Causa rol 11.234-2016, ICA Santiago: El general director, Bruno Villalobos, pidió anular decisión del CPLT que ordenó proporcionar copia íntegra de su declaración de patrimonio e intereses a Matías Rojas, insistiendo en que se borren detalles de una propiedad que mantiene en la comuna de Peñaflor y que declara como “predio agrícola”, sin pagar contribuciones, tal como reveló CIPER Chile.

B) Causa rol 12.179-2016, ICA Santiago: El general director, Bruno Villalobos, pidió anular decisión del CPLT que ordenó revelar si trabajó en algún punto de su carrera policial junto al funcionario César Bobadilla Pinilla, subdirector de la Academia de Ciencias Policiales (Acipol) bajo el mando del general Rafael Rojas Agurto. En el año 2000, trabajando en la Dirección de Inteligencia de Carabineros (Dipolcar), Bobadilla fue indagado por sus vínculos sociales con un traficante de drogas, a raíz de una incautación de fotografías en que aparecía con familiares de éste por el OS7 de Concepción.

C) Causa rol 13.340-2016, ICA Santiago: El general director, Bruno Villalobos, pidió anular decisión del CPLT que ordenó revelar la dotación de la 43º Comisaría de Peñalolén a la fecha del deceso del detenido Fernando Soto Mackay, cuyo cadáver fue arrojado a un sitio eriazo por funcionarios de Carabineros (causa rol 545-2002 de la IV Fiscalía Militar de Santiago). Quien dio cuenta de los hechos fue el comisario de dicha unidad policial, Gonzalo Blu Rodríguez, hoy general a cargo de la Dipolcar.

“Los antecedentes mencionados permiten contextualizar – y quizás explicar – los motivos de la orden institucional de censura contra El Ciudadano (referida por la teniente Pamela Sandoval), tomando en consideración que mi agresor, el capitán Óscar Llantén, cumple funciones en el Departamento de Comunicaciones Sociales de Carabineros, repartición que depende de la Secretaría General y, por consiguiente, de la Dirección General, es decir, recibe instrucciones directas de quien mandata la institución o de su círculo más cercano”, puntualiza.

El tribunal de alzada capitalino declaró admisible el recurso de Matías Rojas, dando un plazo de cinco días a Carabineros de Chile para evacuar su respuesta.

La resolución del 11 de mayo pasado, acordada por la Primera Sala del ministro Carlos Gajardo, el ministro Leopoldo Llanos y la abogada integrante María Cecilia Ramírez, ordena que el informe incluya “todos los antecedentes que existan en su poder sobre el asunto que ha motivado el recurso, bajo apercibimiento de aplicar alguna de las sanciones que establece el Nº 15 del Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales”.

Nota completa en el ciudadano



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