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El 7° Juzgado Civil de Santiago falló a favor del Consejo de Defensa del Estado (CDE) y ordenó a los herederos del exdictador Augusto Pinochet restituir más de 16 millones de dólares al fisco, tras determinar que dichos fondos provienen de la sustracción de caudales públicos durante su régimen (1973-1990).

Los herederos del exdictador Augusto Pinochet.

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l 7° Juzgado Civil de Santiago falló a favor del Consejo de Defensa del Estado (CDE) y ordenó a los herederos del exdictador Augusto Pinochet restituir más de 16 millones de dólares al fisco, tras determinar que dichos fondos provienen de la sustracción de caudales públicos durante su régimen (1973-1990).

El fallo de primera instancia, que aún puede ser apelado, incluye a la fallecida esposa del excomandante en jefe del Ejército, Lucía Hiriart, y a otros 15 descendientes del clan Pinochet. La sentencia llega casi siete años después del cierre del llamado caso Riggs, en el que se investigó el uso de cuentas secretas en bancos extranjeros con dineros de origen ilícito.

Aunque Pinochet murió en 2006 sin ser juzgado penalmente por estos hechos, el tribunal civil concluyó que existió un enriquecimiento injustificado por más de 17 millones de dólares, de los cuales más de 16 millones aún no han sido objeto de comiso.

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(Por:Jonathan Cook/)

Fondos provenientes de gastos reservados

Según el fallo, los recursos ilícitos se originaron en gastos reservados asignados a la Presidencia, la Casa Militar y el Ejército. Por ello, los herederos deberán restituir el dinero al fisco en proporción a su participación en la herencia. El monto será pagado en pesos chilenos al tipo de cambio vigente al momento del cumplimiento, más los intereses legales correspondientes.

El tribunal desestimó además el argumento de prescripción presentado por la defensa de la familia Pinochet. El fallo estableció que el plazo para reclamar la restitución comenzó a correr recién en 2018, cuando la Corte Suprema delimitó los bienes no alcanzados por el comiso en el marco del caso Riggs. Esto permitió al CDE presentar la acción civil dentro del período legal.

Un capítulo pendiente del caso Riggs

El caso Riggs estalló en 2004, cuando una investigación en Estados Unidos reveló que Pinochet y su círculo cercano ocultaron millonarios fondos en cuentas secretas del banco Riggs y otras entidades financieras extranjeras. El origen ilícito de esos recursos fue objeto de investigaciones en Chile que derivaron en múltiples procesos civiles y penales, aunque la muerte del exdictador evitó su enjuiciamiento.

Ahora, el fallo del 7° Juzgado Civil reabre el debate sobre la responsabilidad patrimonial de la familia en el enriquecimiento ilícito durante la dictadura.

¿Y ahora qué?

La sentencia puede ser apelada por los herederos de Pinochet, quienes ya han anunciado su intención de recurrir a instancias superiores. Mientras tanto, el CDE valoró la decisión judicial como “un avance significativo en la recuperación de dineros públicos desviados durante el régimen militar”.

Si la resolución se mantiene en instancias superiores, representará uno de los mayores montos restituidos al Estado chileno en un caso vinculado a la corrupción de altos mandos durante la dictadura

Augusto Pinochet, según la marejada, se adjudicó un gran golpe al narcotráfico, cuando durante los primeros años de la dictadura barrió con una serie de carteles que operaban en Chile. Esta fue sin duda, una pelea por posicionarse en el mercado, eliminando a su competencia. Así, el dictador se transforma en el dueño y señor del tráfico en Chile.

Una serie de académicos colombianos argumentan que fue gracias a los grandes golpes que Pinochet dio al tráfico de cocaína, que el problema se desplazó a Colombia. Hay coincidencia en las fechas del inicio del auge de la producción y tráfico ahí, con los inicios de la dictadura. Sin embargo, al parecer el general fue más astuto. Nos hizo pensar a todos que el problema se terminaba en Chile y se movía a Colombia. Sin embargo, su golpe de Estado a la democracia, también iba acompañado de un coups d’état al narcotráfico, solo para apropiarse del negocio.

El propio Manuel Contreras ratificó la historia ante el fiscal Héctor Barros, jefe de la unidad contra el crimen organizado de la Fiscalía Sur, la acusación de que la familia Pinochet se enriqueció mediante el narcotráfico. “Efectivamente, ratificó sus dichos”, dijo el funcionario del Ministerio Público, tras interrogar largamente a Contreras en el penal Cordillera, donde cumple una condena a 12 años por la desaparición de un detenido durante la dictadura. El abogado explicó que el ex jefe de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) fue interrogado “en su calidad de imputado” por la querella que presentó en su contra el hijo menor de Pinochet,

Marco Antonio Pinochet Hiriart. De esta manera Contreras reiteró sus dichos al juez Claudio Pavez, a quien le hizo llegar un informe en el que inculpa a Augusto Pinochet y su familia por la producción y distribución de la llamada “cocaína negra”, una variedad de la droga que no puede ser detectada y que se fabricaba en dependencias del Ejército.

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