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Chile/DDHH
Durante el fin de semana, un reportaje de CHV Noticias dio a conocer el caso de Bernarda Vera, una supuesta falsa detenida desaparecida del régimen de Augusto Pinochet que, según la investigación, estaría viviendo en Argentina. Esto, mientras que su nombre figura en el Informe Rettig como una de las mil 162 víctimas y su familia recibe una pensión de reparación.
La Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos reitera una vez más su compromiso con la verdad, la justicia y la reparación, por los crímenes cometidos durante la dictadura civil militar encabezada por Augusto Pinochet, lo hacemos ante la divulgación de un denominado reportaje transmitido por el canal de televisión Chilevisión, en relación a la situación de Bernarda Vera Contardo, que figura en la nómina de personas Detenidas Desaparecidas del Informe de la Comisión de Verdad y Reconciliación, cuyo contenido y oportunidad tiene un carácter sesgado, porque se da en el marco de discursos negacionistas, y porque elude hacer referencia a la magnitud de las violaciones de los Derechos Humanos ocurridas durante la dictadura civil militar. Es un reportaje tendencioso porque a partir de un caso excepcional y particular, pretende de manera encubierta hacer una generalización mal intencionada.
| Caso Bernarda Vera Articulos relacionados |
|---|
| Declaración Pública-AFEP |
| CODEPU |
| Ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero |
| Ministerio de Justicia y DD.HH. |
| Declaración Pública |
La situación de Bernarda Vera debe ser resuelta judicialmente, y si ella está viva serán los tribunales los que deben establecer la verdad y sus alcances, jurídicos, sociales y familiares.
El caso de Bernarda Vera debe significar el mayor esfuerzo del Plan de Búsqueda, junto al Programa de Derechos Humanos, cuya funcionalidad y pertinencia valoramos y adquiere una real importancia como una política de Estado al servicio de la verdad y la justicia, porque debe contribuir eficazmente al esclarecimiento de los hechos.
Rechazamos todo aprovechamiento político de esta situación, que se nutre de un sensacionalismo periodístico, que carece de una ética profesional civilizatoria.
A 52 años del golpe de Estado y 35 años del término de la dictadura civil militar, la situación de las personas detenidas desaparecidas y ejecutadas políticas, sigue sin resolverse porque los agentes del Estado, que ejecutaron esos crímenes de lesa humanidad, cobardemente, mantienen un pacto de silencio al servicio de la impunidad, y respecto a esto el reportaje televisivo nada dice.
Santiago 30 de septiembre 2025
El ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, señaló que el Estado analiza una eventual querella, pero pidió cautela y respeto hacia la familia, mientras se espera confirmación biométrica que esclarezca si la mujer vive en Argentina.
Durante el fin de semana, un reportaje de CHV Noticias dio a conocer el caso de Bernarda Vera, una supuesta falsa detenida desaparecida del régimen de Augusto Pinochet que, según la investigación, estaría viviendo en Argentina. Esto, mientras que su nombre figura en el Informe Rettig como una de las mil 162 víctimas y su familia recibe una pensión de reparación.
Según el Tomo III de dicho documento, Vera -profesora de educación básica, militante del MIR y del Movimiento Campesino Revolucionario- fue detenida el 10 de octubre de 1973 en Trafún, región de Valdivia, y se presume que fue ejecutada junto a otros prisioneros en el puente Villarrica sobre el río Toltén. Desde entonces, fue considerada desaparecida.
Su hija la buscó durante décadas, mientras que el Estado la reconoció como víctima de violaciones a los derechos humanos, habilitando mecanismos de reparación como la pensión estatal. Sin embargo, testimonios como el de José Bravo, exmiembro del MIR, han levantado dudas sobre esa narración oficial.
De hecho, Bravo afirma que Vera habría escapado hacia la montaña junto a un grupo de sobrevivientes liderados por el sueco Svante Grande -alias "Julio"-, y que parte de ese colectivo habría huido primero a Argentina y luego a Suecia. En documentos del Servicio de Migraciones sueco se da cuenta de que en 1978 se otorgó un visado a una mujer con esa identidad, quien en 1984 obtuvo la nacionalidad sueca, lo que implicó la pérdida de su documentación chilena. De acuerdo a esos antecedentes, ella se estableció en Europa, tuvo hijos y más tarde se trasladaría a Argentina.
Ante la publicación de esta información, el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, indicó que el caso fue detectado dentro de las labores del Plan Nacional de Búsqueda. En esa línea, afirmó que el Estado está estudiando presentar una querella respecto al posible caso de falsa detenida desaparecida y aseguró que la familia de Vera en Chile "ha actuado de buena fe y con total desconocimiento" de cualquier irregularidad. Por eso, hizo un llamado a la prudencia y al respeto hacia los familiares involucrados.
Cordero también detalló que los antecedentes preliminares habían comenzado a circular en 2024 y que el cruce de datos incluyó intercambio con autoridades suecas. Así, explicó que el Plan Nacional de Búsqueda notificó a la hija de Vera en Chile durante enero de 2025, y que las evidencias provenientes de Suecia arribaron a Chile entre abril y mayo de este año. Luego de ello, los antecedentes fueron entregados al juez que investiga el caso. También negó que un exfuncionario del Plan le hubiera informado directamente sobre la situación.
En tanto, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Jaime Gajardo, expresó que "una vez que comenzaron a tener estos informes siempre se mantuvo informada a la familia, al Comité de Seguimiento y Participación del Plan Nacional de Búsqueda".
En las mismas declaraciones, Gajardo expresó que "todavía no tenemos una información concluyente de que efectivamente la señora Bernarda Vera se encuentre en Argentina porque no hay una confirmación biométrica que nos permita saber si efectivamente es. Más considerando que en las comunicaciones con la familia, en particular con la hija, ella señala que lo más probable es que haya una suplantación de identidad".
Jeannette Jara le pisa los talones a José Antonio K. Por medio de la presentación de los números se busca modificar o controlar cómo una persona piensa, opina o crea un determinado ideario.
"Como no hay, se empezaron a obtener antecedentes más formales, los que se pusieron inmediatamente en conocimiento de la justicia. Eso, en el mes de mayo de este año. Ahí fue cuando se recibieron antecedentes formales por parte de la cancillería, y esos antecedentes se comunicaron al ministro en visita que lleva adelante estos procesos", sumó el secretario de Estado.
Desde el Ministerio de Justicia y los Derechos Humanos publicaron un comunicado señalando que el caso "ha sido objeto de una larga y rigurosa investigación administrativa por parte del Programa de Derechos Humanos, en su calidad de órgano ejecutor del Plan Nacional de Búsqueda, desde inicios del año 2024. Esta investigación comienza a propósito del trabajo de elaboración de trayectorias de víctimas del llamado 'episodio Liquiñe', a raíz del cual se detectan incongruencias en los relatos de algunos testimonios".
29 de septiembre de 2025
Ante esto, el ministerio explicó que "desde el Programa se remitieron comunicaciones oficiales a distintas instituciones (PDI, Servicio de Registro Civil, Ministerio de Relaciones Exteriores, ACNUR) entre el 6 de mayo de 2024 y el 9 de agosto de 2024, para poder recabar antecedentes. Ninguno de estos oficios entregó información relacionada a la víctima".
"En abril de 2025 se vuelve a solicitar información a la Cancillería y en mayo de 2025 se recibe por primera vez información documental concreta del caso, aportada por el Estado sueco", suma el documento.
"Si bien la información recibida no es concluyente para conectar la identidad de la persona consignada en ellos como 'Bernarda Vera' con la de la víctima calificada por la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, por carecer de trazabilidad documental o datos biométricos que permitieran concluir una individualización de la persona, el peso de esta nueva información llevó a las autoridades ministeriales a instruir en mayo de 2025 remitir dichos antecedentes nuevos al Sr. Ministro en Visita Extraordinaria para causas de lesa humanidad entre 1973 y 1990 con competencia en la causa, don Álvaro Mesa Latorre, ministro de la Corte de Apelaciones de Temuco, que abrió un cuaderno reservado para ahondar en dicha búsqueda", se lee .
"Adicionalmente al envío de los antecedentes al tribunal competente, se actualizó la información a la familia en enero y se informó, en forma reservada, en mayo al Comité de Seguimiento y Participación del Plan Nacional de Búsqueda de la investigación en curso y su remisión a la instancia judicial correspondiente", agregan desde Justicia.
Asimismo, confirmaron que "toda esta información, junto con la cronología de la investigación administrativa aún en curso, fue entregada por la Subsecretaría de Derechos Humanos al equipo investigador de Chilevisión en entrevista concedida el presente mes, que esperamos que sea incluida en la cobertura del tema y así contar con la información completa del caso".
"El trabajo realizado por equipo del Plan Nacional de Búsqueda ha permitido reunir y analizar el mérito de información que pudiera ser comprobable y veraz para ponerla en conocimiento de los tribunales competentes. Este proceso de más de un año de trabajo ha sido impulsado con el resguardo de la identidad de las personas que forman parte de investigaciones en curso que aún no estén cerradas y cuidando su intimidad del juicio público que pueda basarse en información incompleta", valora el organismo encabezado por el ministro Carlos Gajardo.
Por último, la institución recalcó que "el Plan Nacional de Búsqueda ha permitido avanzar en la reconstrucción de trayectorias de las víctimas de los horrorosos crímenes de la dictadura, perfeccionando y profesionalizando estos procesos. Seguiremos trabajando en pos de la verdad, la memoria, la justicia y la reparación".
Respecto al reportaje emitido por Chilevisión Noticias, con fecha 28 de septiembre de 2025, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos comunica lo siguiente:
29 de septiembre de 2025
El caso ha sido objeto de una larga y rigurosa investigación administrativa por parte del Programa de Derechos Humanos, en su calidad de órgano ejecutor del Plan Nacional de Búsqueda, desde inicios del año 2024. Esta investigación comienza a propósito del trabajo de elaboración de trayectorias de víctimas del llamado "episodio Liquiñe", a raíz del cual se detectan incongruencias en los relatos de algunos testimonios.
Ante esas incongruencias en los relatos, desde el Programa se remitieron comunicaciones oficiales a distintas instituciones (PDI, Servicio de Registro Civil, Ministerio de Relaciones Exteriores, ACNUR) entre el 6 de mayo de 2024 y el 9 de agosto de 2024, para poder recabar antecedentes. Ninguno de estos oficios entregó información relacionada a la víctima.
En abril de 2025 se vuelve a solicitar información a la Cancillería y en mayo de 2025 se recibe por primera vez información documental concreta del caso, aportada por el Estado sueco.
Si bien la información recibida no es concluyente para conectar la identidad de la persona consignada en ellos como "Bernarda Vera" con la de la víctima calificada por la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, por carecer de trazabilidad documental o datos biométricos que permitieran concluir una individualización de la persona, el peso de esta nueva información llevó a las autoridades ministeriales a instruir en mayo de 2025 remitir dichos antecedentes nuevos al Sr. Ministro en Visita Extraordinaria para causas de lesa humanidad entre 1973 y 1990 con competencia en la causa, don Álvaro Mesa Latorre, ministro de la Corte de Apelaciones de Temuco, que abrió un cuaderno reservado para ahondar en dicha búsqueda. Adicionalmente al envío de los antecedentes al tribunal competente, se actualizó la información a la familia en enero y se informó, en forma reservada, en mayo al Comité de Seguimiento y Participación del Plan Nacional de Búsqueda de la investigación en curso y su remisión a la instancia judicial correspondiente.
Casos como estos, donde puedan existir dudas sobre los hechos ya consignados por el Estado en instancias judiciales o administrativas previas, constituyen una excepción dentro del universo total de 1.469 personas calificadas como víctimas de desaparición forzada.
Es justamente el trabajo de revisión de trayectorias que se encuentra en curso el que ha permitido relevar casos como el de Bernarda Rosalba Vera Contardo, o como el caso del joven Luis Alberto Pino Soto, adolescente de 14 años de la ciudad de Arica que, si bien fue calificado por la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, no quedó en los registros de víctimas por un error de transcripción en los listados de la comisión. Ambos casos han sido puestos en conocimiento de los tribunales de justicia para que éstos puedan determinar una verdad judicial y ordenar las correcciones necesarias.
Toda esta información, junto con la cronología de la investigación administrativa aún en curso, fue entregada por la Subsecretaría de Derechos Humanos al equipo investigador de Chilevisión en entrevista concedida el presente mes, que esperamos que sea incluida en la cobertura del tema y así contar con la información completa del caso.
El trabajo realizado por equipo del Plan Nacional de Búsqueda ha permitido reunir y analizar el mérito de información que pudiera ser comprobable y veraz para ponerla en conocimiento de los tribunales competentes. Este proceso de más de un año de trabajo ha sido impulsado con el resguardo de la identidad de las personas que forman parte de investigaciones en curso que aún no estén cerradas y cuidando su intimidad del juicio público que pueda basarse en información incompleta.
Hoy el Estado cuenta con canales para la entrega de nuevos antecedentes, los que están disponibles en la información de contacto del sitio web [plannacionaldebusqueda.cl], así como en todas las SEREMIs de Justicia y Derechos Humanos a nivel nacional. Contar con dichos medios resulta tan importante como incentivar a la población, a testigos, incluidos los perpetradores que puedan tener información relevante, a entregarla para poder ser indagada y corroborada.
Previo al establecimiento del Plan Nacional de Búsqueda había 14 causas que contaban con cuadernos administrativos de la búsqueda de detenidos desaparecidos, llevados a cabo por las y los ministros en Visita Extraordinaria de los tribunales de justicia, para causas de crímenes de lesa humanidad entre 1973 y 1990. Desde el establecimiento del Plan Nacional de Búsqueda y, hasta la fecha, dicho número ha aumentado a 59 causas que cuentan con dichos cuadernos ya sea abiertos en el contexto de nuevas querellas y denuncias o al alero de una causa penal principal. El Programa de Derechos Humanos ha presentado 8 nuevas querellas criminales, se han realizado más de 100 diligencias en terreno, y todo el trabajo de investigación continuará con el mismo rigor y responsabilidad que ha caracterizado este proceso.
El Plan Nacional de Búsqueda ha permitido avanzar en la reconstrucción de trayectorias de las víctimas de los horrorosos crímenes de la dictadura, perfeccionando y profesionalizando estos procesos. Seguiremos trabajando en pos de la verdad, la memoria, la justicia y la reparación.
Un reportaje televisivo difundido recientemente, no concluyente e interesado en causar impresión, conmocionó a los organismos de defensa de los derechos humanos y especialmente a los familiares de detenidos desaparecidos y ejecutados políticos al referirse al caso de Bernarda Rosalba Vera Contardo, calificada como de detenida desaparecida. De ser Bernarda Vera, el hecho nos indica que alguien que pudo ser una víctima vive. Enhorabuena. Ella habría logrado sortear la muerte en medio de tanto horror.
CODEPU está convencido que siempre es mejor la Verdad y la Justicia
El 11 de septiembre de 1973 fue la respuesta del poder al proceso popular que representaba justicia social y esperanzas para los postergados de siempre.
Ese día fue el inicio del espanto y la crueldad sistemática. Desde ese día se vivieron los momentos más traumatizantes y horrorosos que la historia y la memoria recuerde. Los crímenes cometidos en todo el territorio nacional fueron realidades dolorosas. Ese es el tiempo que se corresponde con los acontecimientos que derivan, tras 52 años, en la información que intenta recoger el reportaje.
Los hechos se originan en Neltume, una localidad cordillerana que se convirtió en territorio de sucesos profundamente expresivos de las luchas sociales que marcaron esos años. Neltume también a partir del mismo 11 de septiembre se convirtió en sinónimo del horror del terrorismo de estado y la violencia patronal en contra de los trabajadores forestales, sus organizaciones y sus familias. Allanamientos inmisericordes, vejaciones, humillaciones, torturas, prisión política y decenas de fusilamientos cayeron sobre los poblados para sembrar el horror. Ahí están los crímenes de Liquiñe, Chihuio, Caravana de la Muerte y otros muchos.
Insistimos, de ser Bernarda Vera, el hecho nos indica que ella habría logrado sortear la muerte en medio de tanto horror.
Por lo que se sabe, Bernarda Vera era portadora de un alto compromiso social y político con su pueblo y los pueblos de nuestro continente. CODEPU no juzgará las razones que pudo y puede tener para guardar silencio durante tantos años. Desconocemos sus eventuales intentos por retomar contacto con los suyos. Sabemos sí, que las secuelas del horror se expresan aún hoy y pese al tiempo transcurrido en una amplia problemática psicosocial como consecuencia traumática de la violencia estatal y patronal y cuyos efectos individuales y colectivos adquieren diversas dimensiones en nuestros pueblos y países que debieron soportar dictaduras oprobiosas. Ella, su hija, su familia y su comunidad son víctimas del accionar violento de la dictadura y de las consecuencias de no avanzar con decisión y firmeza tras toda la Verdad y toda la Justicia.
Los hechos nos revelan que la Comisión de Verdad y Reconciliación cuyo informe se entregó en 1991 fue solo un paso tras el objetivo de alcanzar la Verdad y la Justicia en las graves violaciones a los derechos humanos cometidos por la dictadura. Si bien es cierto que, lentamente se lograron algunos avances, fruto de la labor y perseverancia de familiares, paulatinamente la Verdad y la Justicia se fue diluyendo en medio de pactos de silencio, medias prescripciones, fallos tardíos y protección al dictador, entre otras tantas dilaciones, todo a la espera de que el paso del tiempo abra paso al olvido y a la impunidad. Una muestra de lo anterior es que hoy el Estado debate acerca del otorgamiento de beneficios carcelarios a criminales de lesa humanidad y algunos personeros se atreven a decir que las muertes provocadas por la dictadura fueron justificadas o que si fuera necesario repetirían el golpe de estado.
En nuestra opinión, el Estado de Chile tiene la obligación de investigar cada uno de los casos recogidos en los informes oficiales. El Estado tenía y tiene la obligación de realizar todas las gestiones para aclarar toda duda razonable en la calificación de una víctima. Desconocemos si se ejecutaron todas las acciones necesarias y oportunas para verificar la situación y también desconocemos aquellas que por desidia, negligencia no se realizaron. Estamos convencidos que ésta situación requería una verificación pronta, que pudo realizarse antes y que fuera el resultado de la acción del propio Estado.
En relación al Plan Nacional de Búsqueda -instrumento creado precisamente para esclarecer el paradero de las personas desaparecidas por razones políticas durante la dictadura- hemos sostenido que los familiares no se merecen una nueva frustración y ello lo obliga a actuar con diligencia y decisión, aptitudes ausentes en este caso y que pone -lamentablemente- en cuestión su eficacia y compromiso con la verdad y la justicia que la sociedad chilena exige y merece.
CODEPU reafirma su convicción que un hecho entre las miles de verdades no borra la enorme cifra de detenidos desaparecidos, ejecutados y torturados. Fueron miles y miles los crímenes y delitos cometidos por la dictadura civil-militar que le significaron la condena internacional durante los 17 años de su existencia.
En lo inmediato, solidarizamos con los familiares de detenidos desaparecidos y ejecutados que vivirán la ofensiva negacionista. Tenemos la certeza que la perseverancia y entrega de los familiares constituyen ejemplos de dignidad.
Por los que no están, continuaremos exigiendo toda la verdad y toda la justicia. El Estado tiene la obligación de investigar, verificar, lograr la verdad, realizar la justicia.
Condenamos y condenaremos todo intento de obtener ganancias políticas espurias ante un caso que no borra los miles de crímenes dictatoriales.
Condenamos y condenaremos el negacionismo que a partir de este hecho intentará recobrar fuerzas en los sectores políticos que respaldaron la dictadura y que nunca se hicieron cargo de lo que propiciaron, silenciaron y justificaron.
CODEPU
29 de septiembre de 2025
2 de octubre de 2025
Declaración Pública
Santiago de Chile, 2 de octubre 2025
Ante un reportaje televisivo sobre la situación de Bernarda Vera Contardo que elude hacer referencia a la magnitud de las violaciones de los derechos humanos ocurridas durante la dictadura civil-militar, las organizaciones de familiares, sitios de memoria y organizaciones de derechos humanos declaramos lo siguiente:
Un caso no borra la verdad histórica. La dictadura implementó una política sistemática de desaparición forzada, ejecuciones y torturas que dejó miles de víctimas. Un caso, o el reconocimiento tardío de otro, no debilita esa verdad: por el contrario, la confirma. Cada hallazgo nos recuerda la magnitud de los crímenes de lesa humanidad y la urgencia de esclarecer cada uno de ellos.
El Estado mantiene una obligación ineludible. El Estado de Chile está obligado a investigar y juzgar con la debida celeridad y diligencia, cada uno de los casos de desaparición forzada y ejecución política. Exigimos que el Plan Nacional de Búsqueda actúe con eficacia, transparencia y compromiso real. Las familias y la sociedad merecen información clara, oportuna y que la búsqueda no se detenga frente a obstáculos políticos, burocráticos o judiciales.
La verdad está en manos de los perpetradores y ellos la han ocultado. Agentes del Estado fueron los secuestradores, torturadores, mandos y cómplices de los crímenes y hasta hoy mantienen, un pacto de silencio. También hubo cómplices pasivos que actuaron por acción u omisión. La lucha por la verdad y justicia es la respuesta digna iniciada desde el primer día y que incansablemente continuará hasta alcanzarlas plenamente y se asuman las responsabilidades históricas y judiciales.
Rechazamos el negacionismo y la manipulación. Denunciamos todo intento de relativizar los crímenes de la dictadura. Condenamos el sensacionalismo mediático que, ayer y hoy, en lugar de aportar al esclarecimiento, busca instalar dudas, encubrir responsabilidades o reabrir discursos justificatorios del golpe y del terrorismo de Estado. La memoria de las víctimas no puede ser usada como espectáculo, ni como arma política.
Reconocemos a las familias, a las organizaciones de derechos humanos y a los sitios de memoria. La perseverancia y dignidad de los familiares de ejecutados políticos y detenidos desaparecidos ha sido esencial en la larga lucha por verdad y justicia, asimismo, los testimonios de sobrevivientes y la labor de las organizaciones de derechos humanos junto a la de los sitios de memoria en favor de la justicia, la memoria y en contra de la impunidad y el olvido.
Nuestra exigencia es clara: toda la verdad, y toda la justicia. No aceptamos beneficios indebidos para criminales de lesa humanidad, ni medias prescripciones, ni beneficios carcelarios. La impunidad no puede ser el cierre de esta historia. El Estado debe garantizar certeza judicial, reparación integral y memoria viva para las generaciones presentes y futuras.
La verdad la tienen los criminales y sus cómplices. Seguiremos denunciando, recordando y exigiendo toda la justicia.
Firman:
Steve Bannon empuja movimiento de ultraderecha en América Latina […]