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Ex-ministra de defensa de Chile, mi renucia se trató de una decisión “personal”.
Maya Fernández e Isabel Allende, las "socias listas".
"Cometió una grave falta a la Constitución y a las leyes. Ningún ministro de Estado puede celebrar contratos con el Estado y la ministra lo hizo", indicó en un punto de prensa la diputada Camila Flores, de la coalición opositora Chile Vamos, junto a otros parlamentarios de derecha.
Maya Fernández se convirtió en marzo de 2022 en la tercera mujer en dirigir las Fuerzas Armadas chilena y en la segunda socialista, después de la expresidenta Michelle Bachelet, que llegó al cargo en 2002.
Su nombramiento se consideró simbólico por el Partido Socialista de Chile, ser nieta del presidente Salvador Allende quien estuvo 1000 días en el gobierno 1970-1973, Uno de los grandes presidentes de Chile.
La salida de Fernández se da ad portas de que parlamentarios de derecha presentarán una acusación constitucional en su contra en el marco de la fallida compra de la casa del exmandatario.
En particular, la acción fue anunciada este lunes e impulsada por la UDI.
Recordemos que tras el anuncio del gobierno de comprar la casa del expresidente Salvador Allende, las críticas estallaron en contra de Fernández y la senadora Isabel Allende porque la Carta Magna prohibe que ministros y parlamentarios celebren contratos con el Estado. Las criticas fueron transversales, tanto de derecha como de izquierda. Llegaron a llamar de “corruptas a Fernández e Isabel A. Ministra y Senadora respectivamente.
La compra resulta inconstitucional primero porque el artículo 37 bis de la Carta Magna establece lo siguiente:
"Durante el ejercicio de su cargo, los Ministros estarán sujetos a la prohibición de celebrar o caucionar contratos con el Estado, actuar como abogados o mandatarios en cualquier clase de juicio o como procurador o agente en gestiones particulares de carácter administrativo, ser director de bancos o de alguna sociedad anónima y ejercer cargos de similar importancia en estas actividades".
La decisión de la ahora exministra de renunciar se sostiene en que el caso en el que está vinculada podría afectar a las Fuerzas Armadas.
Aunque no ha brindado más detalles sobre las circunstancias de la dimisión, la vocera del gobierno, Aisén Etcheverry, indicó en una rueda de prensa que la renuncia se trató de una decisión “personal” de Fernández, quien “de manera muy responsable decide dar un paso al costado” en medio de las presiones.
La compraventa de la histórica casa de Allende generó controversias después de que el gobierno de Boric anunció el 31 de diciembre del 2024 la adquisición del inmueble por más de 900.000 dólares con fin de convertirlo en una casa-museo para preservar el legado del exmandatario socialista. Museo que sería administrado por la hija de la Senadora, que ha ocupado un asiento en el Senado de Chile, gracias al apellido Allende y no a los méritos, el PS la ha utilizado durante años como cupo y voto seguro en el Senado. Y para complicarlo más, dicen que es para preservar el legado de Salvador Allende, aún no comprenden que el legado de Allende no es físico, es político, es moral.
Todo se hizo en la oscuridad. Entonces que se destituya a la senadora Isabel Allende, pues la trampa estaba hecha y además ya se había firmado. Dice un comentario, en meganoticias. Argumentan no saber. Un presidente, una Ministra y una senadora no conocen las leyes del país que dicen dirigir?
Según Ciper, la declaración del abogado Cortés, relata parte del recorrido que hizo la compraventa de la casa de Allende en el Servicio Nacional del Patrimonio Cultural. Partió diciendo que, al inicio del mes de marzo de 2024, su jefa, la directora Nélida Pozo, le informó sobre la instrucción para comprar las casas presidenciales. Le asignaron específicamente el proceso de compra de la casa del expresidente Allende, siendo su primera tarea contactar al representante de la comunidad hereditaria del exmandatario. El 24 de marzo de 2024 se realizó una reunión presencial con la familia.
“En esa primera reunión, los representantes
de la familia Allende me entregaron el proyecto escrito, consistente en
un documento de cinco carillas, denominado Guardia Vieja 392, Casa Museo Presidencial Salvador Allende Gossens,
donde se propone la adquisición por parte del Fisco de Chile de esta
propiedad para ser destinada a una casa museo que conservara la memoria
del ex presidente Allende, proponiendo un modelo de gestión que
involucre la Fundación Salvador Allende (FSA), que recibiría en
comodato de parte del fisco”, dijo. Luego de la compraventa, declara
Cortés, “se propone la creación de la Fundación Casa Museo Salvador
Allende, quienes se harían cargo de la administración de la propiedad”,
explicó ante el Ministerio Público.
En la declaración que el abogado del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural (Serpat), José Cortés Vergara, prestó ante fiscalía, reveló que el abogado Felipe Vio, representante de la familia Allende, le entregó una presentación en marzo de 2024, donde se detalla la propuesta de compraventa de la casa del expresidente Salvador Allende. En esta se proponía que, después de comprar la casa, su administración sería cedida a la Fundación Salvador Allende, presidida por Marcia Tambutti, hija de Isabel Allende y pareja del abogado Felipe Vio.
Sin embargo, la transacción nunca llegó a ser concluida debido a una serie de errores técnicos y jurídicos, así como duras críticas de la oposición, que sostiene que la operación infringe un artículo de la Carta Magna que prohíbe a legisladores y ministros realizar contratos con el Estado.
Salvador Allende elegido en 1970, es una de las figuras más emblemáticas de la política chilena.
Tras tres años de gobierno, marcado por el conflicto con Washington por el temor a que instaurase un gobierno comunista, el socialista, se lograron muchas de las 40 medidas en el programa de gobierno de Allende.
El golpe de Estado militar encabezado por Pinochet, que incluyó el bombardeo del palacio presidencial de Santiago,, marcaría el inicio de la dictadura militar que gobernaría el periodo más oscuro de la historia moderna de Chile, entre 1973 y 1990.
Durante los 16 años y 6 meses que duró la dictadura cívico-militar en Chile, hubo 2123 personas asesinadas y a la fecha existen 1093 personas detenidas desaparecidas cuyo destino final aún se desconoce. En total, fueron 3216 personas ejecutadas o hechas desaparecer por el régimen. De estas cifras globales tenemos que en promedio se asesinó o se hizo desaparecer a 195 personas al año, o 16 personas al mes, durante la dictadura. Si esto no logra dar una idea de lo que significó, pensemos que equivale a la muerte o desaparición de una persona cada dos días.
En Washington D. C., Richard Nixon ordenó evitar que Allende asumiera la presidencia. La CIA organizó dos planes para detener la elección de Allende en el Congreso Pleno (el Congreso debía elegir entre las dos más altas mayorías el día 24 de octubre), los que serían conocidos como el Track One y el Track Two.
Imagen pública
El sociólogo Eduardo Hamuy realizó tres encuestas de opinión pública durante el gobierno de Salvador Allende en Santiago de Chile. La aprobación de Allende fue de 64,1 %, 40,8 % y 49,6 % en abril de 1972, enero de 1973 y febrero de 1973 respectivamente.
A pesar de los icónicas que fueron las 40 medidas, donde elementos como el Medio Litro de Leche, trascendieron incluso a nivel internacional, por lo que representaban como aporte nutricional a la infancia, sin duda que las medidas económicas más trascendentes del gobierno de Allende, fueron la profundización de la reforma agraria- que plantó las bases para el desarrollo exportador hortofrutícola posterior, y por lejos, la nacionalización del cobre, cuyos frutos reciben hasta hoy todos los chilenos. El desarrollo posterior de Chile no habría sido posible sin estas dos grandes transformaciones. Y la semilla de lucha que implicaron otras muchas, grandes y pequeñas transformaciones, sigue presente en el imaginario colectivo del pueblo.
El poder simbólico de estas 40 “sencillas” medidas y lo que representaban para sus destinatarios, a los que Allende siempre hablaba, se mantiene y aún resuenan en los recuerdos de trabajadores y campesinos, que supieron que hubo un gobierno en Chile, asumido en democracia, que quiso realmente representar los intereses populares, que quiso realmente poner el trabajo como motor de la actividad productiva.